En 2025 hubo una interrupción sistemática en el suministro de TARV (tratamiento antirretroviral), especialmente en la Nueva EPS, que atiende a la población seropositiva más numerosa y antigua del país. Entre octubre y diciembre de 2024, se registraron aproximadamente 5900 quejas de pacientes² que no recibieron sus medicamentos a tiempo.

Las personas sin seguro médico se están viendo afectadas de manera particular: la ONG Red Somos, que trabaja con personas seropositivas no aseguradas, tiene medicamentos solo hasta junio o julio y no sabe qué pasará después. Según Red Somos, en una conversación que tuvimos en marzo, los recortes del 66% en financiamiento institucional el año pasado derivaron en reducciones equivalentes en los servicios de diagnóstico y tratamiento.

Una búsqueda rápida en internet lo confirma: los problemas de suministro de TARV están ampliamente documentados. Afectan tanto a personas aseguradas como a quienes no están afiliadas al sistema de salud. (El sistema de salud colombiano está organizado bajo una lógica de mercado: empresas privadas –las EPS– aseguran a la mayoría de la población y proveen la atención básica, incluido el tratamiento para personas seropositivas).

Las personas recién diagnosticadas, muchas veces muy jóvenes, están enfrentando una situación nueva y desestabilizadora. Y encima tienen que esperar: el tratamiento no se formula de inmediato, o los medicamentos recetados no están disponibles durante meses en las farmacias de las EPS. Los tiempos de espera pueden ir de varios meses hasta medio año. Desde una perspectiva médica y de salud pública, esto contradice el principio de “atacar de manera rápida y oportuna”: el tratamiento debería comenzar lo antes posible.

Hay más factores críticos: muchos pacientes sufren efectos secundarios graves –como depresión o insomnio– con fórmulas de TARV más antiguas, que siguen siendo de uso común en Colombia. Y casi no se ofrecen alternativas, porque suelen ser más costosas para las EPS. Para muchos, la única salida que queda es abandonar el tratamiento por completo, siendo esto una consecuencia médicamente insostenible de esta misma crisis.

Otro aspecto es el estigma que las personas seropositivas anticipan y experimentan dentro del sistema de salud, incluso por parte del personal médico. Esto también permite a las EPS ahorrar costos, al menos a corto plazo.

Sí. Varias personas nos lo han confirmado directamente, y en foros de internet hay innumerables publicaciones sobre lo mismo.

Incluso con afiliación a EPS, a los pacientes se les cambia frecuentemente el TARV porque ciertos medicamentos ya no están disponibles, a menudo sin ninguna razón médica. No siempre queda claro si los medicamentos realmente no existen o simplemente dejaron de pedirse, por ejemplo porque son demasiado costosos para las EPS. Las consecuencias: interrupciones forzadas del tratamiento, viajes repetidos a la farmacia, cambios poco claros de una terapia efectiva a otra, muchas veces sin que el paciente sepa por qué.

La cobertura varía significativamente según la EPS. Importa, por tanto, con qué EPS estás asegurado/a y en qué parte de Colombia vives.

Las personas afiliadas a EPS que conviven con el VIH –y que ya cargan con todo lo que eso implica– quedan expuestas a una discriminación adicional. Esto genera un estrés profundo. Refuerza el trauma, la discriminación y la vergüenza, todo producido por un sistema de salud organizado de forma privada.

Los colombianos que no pueden pagar sus aportes mensuales a la EPS pierden su cobertura en el régimen contributivo, ante lo que tienen la opción –y la necesidad– de afiliarse en el régimen subsidiado para poder continuar accediendo a su derecho a la salud. Sin embargo, pueden enfrentar el problema de ser clasificados incorrectamente –como población que no está en situación de riesgo económico– en la escala del Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), porque ésta sigue priorizando la información de la estratificación social por encima de otros factores como los ingresos económicos. Por ejemplo, una persona que viva en un barrio acomodado pero que no tiene ingresos económicos estables –o ningún ingreso en lo absoluto, es clasificada en el Sisbén como población no pobre o no vulnerable, y por lo tanto, su EPS también le exige un pago incluso estando afiliada en el régimen subsidiado. Para estas personas, el sistema de salud –que supuestamente debería cubrir a todo el mundo– se convierte en una trampa.

Hasta donde sabemos, sí: el problema se extiende por todo el país. Desde mediados del año pasado, en el departamento del Valle del Cauca, incluida la ciudad de Cali, las personas seropositivas con seguro médico y prescripción de TARV se enfrentan a barreras fundamentales de acceso: los medicamentos sencillamente no están disponibles en las farmacias. Las comunidades afrocolombianas e indígenas son las más afectadas, al igual que otros grupos vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales.

El gobierno actual, en el poder desde agosto de 2022, ha adquirido una gran cantidad de TARV para ofrecerlos a centros de atención primaria y EPS a un precio significativamente bajo, con el objetivo de mejorar el acceso de forma directa y rápida. Es un avance positivo, pero su implementación está estancada: los medicamentos –principalmente dolutegravir– están almacenados en grandes cantidades, con rumores de que se trata de más de 700.000 paquetes mensuales a abril de 2026, y están disponibles, pero las EPS a duras penas los utilizan. Los medicamentos no llegan a quienes los necesitan.

La respuesta es simple: con un precio de aproximadamente $40.000 COP – menos de 10 EUR –, muy por debajo del precio de mercado de unos $800.000 COP – alrededor de 190 EUR –, las EPS sencillamente no obtienen suficiente ganancia. SIN DINERO, SIN INTERÉS. La propuesta pragmática de prescribir medicamentos subsidiados por el Estado está siendo lisa y llanamente boicoteada.

Para calificar de “socialista” esta intervención –que aparentemente se percibe como una regulación excesiva del mercado–, hay que ignorar primero las necesidades de los propios pacientes seropositivos afiliados a salud y desatender por completo a la responsabilidad frente a una situación que es producto de los problemas estructurales del propio sistema.

Para reducir la dependencia de la industria farmacéutica internacional, el gobierno está estableciendo una producción propia de dolutegravir en Colombia. Con el objetivo de suministrar TARV a los pacientes seropositivos de forma autónoma y a bajo costo, el gobierno suspendió temporalmente la protección de patente del dolutegravir – un inhibidor de integrasa de segunda generación altamente eficaz para el tratamiento del VIH-1 en adultos y niños, comercializado por ViiV Healthcare como Tivicay y aprobado en EE.UU. y la UE en 2013/14 – para facilitar la producción de un genérico. Con este fin, el Ministerio de Salud de Colombia firmó un contrato con la Universidad de Antioquia (UdeA) a finales de 2024. La financiación está garantizada contractualmente y se espera que la producción comience a finales de 2025 o principios de 2026. Por el momento, el proyecto está en marcha –aunque la UdeA enfrenta serios problemas financieros ajenos al mismo–. Es posible que el plan se retrase o se vea truncado si los fondos llegan demasiado tarde. Un nuevo gobierno tendría que respetar el contrato, pero podría intentar bloquearlo o frenarlo.

Según se publicó el 27 de abril de 2026³, afortunadamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina falló a favor de Colombia, permitiendo al país producir e importar una versión genérica del medicamento contra el VIH dolutegravir mediante una licencia obligatoria, después de que las empresas farmacéuticas ViiV Healthcare y Shionogi hubieran impugnado la medida por considerarla ilegal.

Celebramos tanto la suspensión de la protección de la patente como el plan de fabricar antirretrovirales a nivel nacional. Una vez que la producción esté en marcha, Colombia debería también facilitar a los países vecinos un acceso asequible y sencillo a estos medicamentos. La industria farmacéutica global del Norte no ofrecerá ayuda donde no haya ganancias que obtener. Estamos viendo cómo incluso las donaciones de medicamentos o los fondos globales para tratamiento y prevención no garantizan un suministro seguro: qué acertado es, entonces, tomar en nuestras propias manos el suministro de antirretrovirales. Quienes critican estos esfuerzos –ya sea ensalzando el mercado como solución, denunciando esta iniciativa nacional como “socialista” o quejándose de los obstáculos que conlleva– lo hacen a riesgo de vidas humanas. A costa de personas a quienes, de otro modo, se les negarían los medicamentos que necesitan simplemente para sobrevivir.

Hasta donde sabemos, actualmente no hay problemas con la disponibilidad de PrEP en farmacias. Pero usuarixs de PrEP nos han contado que están donando sus propios medicamentos prescritos a amigxs seropositivxs que se están quedando sin TARV. También nos han preguntado si la PrEP sigue siendo eficaz cuando tanta gente aparentemente ya no tiene carga viral indetectable⁴. La respuesta es clara: ¡sí, lo es! El riesgo de infección está aumentando, y tomar PrEP es más importante que nunca. Pero ¿es éticamente justificable tomar pastillas de forma preventiva cuando otras personas las necesitan como medicamento para sobrevivir?

La situación pandémica general puede provocar un fuerte aumento de nuevas infecciones. Recomendamos a cualquier persona que quiera protegerse del VIH que tome PrEP si así lo desea y si tiene acceso a ella de alguna manera. Desde una perspectiva de salud pública, aquí hay una necesidad urgente de actuar: la PrEP debe ser más fácil y directamente accesible –es decir, no a través de la EPS– y esto debe ocurrir ya.

Médicamente necesario, en el contexto del tratamiento del VIH, significa ante todo: nunca cambies un sistema que funciona. Los cambios son posibles en principio, pero deben estar médicamente justificados. Escuchamos casos incontables de personas cuyo tratamiento es modificado sin necesidad médica porque los medicamentos que venían tomando ya no están disponibles. Esto con frecuencia provoca interrupciones del tratamiento, a veces de uno o dos meses, pero también hemos sabido de casos en los que personas se han quedado sin medicación durante varios meses, incluso más de medio año. Para esas personas, esto no es solo una interrupción involuntaria del tratamiento. Es desestabilizador. Genera incertidumbre sobre si el nuevo tratamiento prescrito funcionará y tendrá tan pocos efectos secundarios como el anterior. Y significa que personas que eran indetectables –y por tanto no infecciosas gracias a una medicación efectiva– desarrollen de nuevo una carga viral que representa un riesgo de transmisión en contactos sexuales u otros potencialmente infecciosos.

En Colombia, para 2024, la prevalencia (el número total de casos de una enfermedad en una población definida) del VIH entre las mujeres trans se estimaba en torno al 21%, frente al 17% entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, lo que significa que la población trans –especialmente las mujeres trans– tiene un 21% más de probabilidades de contraer el VIH en comparación con el 17% de la población cis masculina⁵.

No existen datos estadísticos sobre la prevalencia del VIH entre las personas trans no binarias o los hombres trans en Colombia, ya que esta cuestión sigue abordándose a través de sesgos arraigados en el binarismo de género. Esta situación, además, se ve agravada por las barreras estructurales que impiden el acceso y la garantía del derecho a la atención en salud, tales como el estigma y la transfobia.

Entrevistamos a una persona trans no binaria afrodescendiente de la costa pacifica –que nos pidió mantener el anonimato–, quien nos contó que el año pasado tuvo que esperar más de seis meses tras recibir su diagnóstico VIH+, para que su EPS subsidiada, Salud Total, le proporcionara el TARV y pudiera empezar a tomarlo. También nos contó que sufrió mucho estigma y tuvo que lidiar con el trauma durante el proceso de recibir el diagnóstico y comenzar el tratamiento: los médicos cuestionaron sus prácticas de cuidado relacionadas con su vida sexual, no priorizaron la confidencialidad de su diagnóstico e incluso decidieron cancelar una de sus citas de control mensual y la entrega de su medicación cuando pidió asistencia virtual porque no podía acudir físicamente a la IPS debido a una crisis de asma que le estaba impidiendo salir de casa.

También entrevistamos a Oshnur, una persona trans no binaria de Pereira, quien nos contó que tuvo que cancelar su afiliación a EPS –la Nueva EPS– en el régimen contributivo –el régimen para quienes pueden pagar un seguro médico– debido a que su situación económica empeoró. Oshnur estuvo a punto de perder el acceso a su TARV porque algunos obstáculos administrativos relacionados con su identidad de género⁶ hicieron que el cambio de afiliación del régimen contributivo al subsidiado en su EPS fuera un proceso muy lento —¡tuvo que esperar casi un mes!—. Debido a ese retraso, perdió su cita de control mensual el pasado mes de marzo y, por lo tanto, no pudo recibir su medicación.

Por otro lado, las personas trans que deciden reafirmar su identidad de género mediante tratamiento de reemplazo hormonal, en particular las mujeres trans, también se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de acceder al TARV y a una atención integral en salud. En los casos en que las mujeres trans seropositivas carecen de seguro médico o no pueden obtener el TARV a través de su EPS, a menudo le dan prioridad al tratamiento de reemplazo hormonal frente al TARV, aunque ninguno de los dos debería tener prioridad sobre el otro. Esto se debe a que la reafirmación de la identidad de género es crucial en un mundo que exige cispassing –pasar por una persona cisgénero– para poder vivir libre de discriminación y transfobia. En otros casos, las hormonas y el TARV se combinan sin la supervisión médica adecuada, lo que puede acarrear riesgos adicionales para la salud: algunos TARV pueden interferir con la farmacocinética del estradiol. Por lo tanto, las mujeres trans seropositivas que están en tratamiento de reemplazo hormonal deben tener acceso a controles de seguimiento periódicos.

Estas experiencias personales compartidas, por las que estamos muy agradecidxs, son ejemplos de desventaja estructural: la precariedad, así como las experiencias de negligencia y discriminación por motivos de identidad de género, hacen que las personas trans se vean especialmente afectadas por la crisis del TARV en el país.

No queremos vivir en un país donde esto se acepte como la norma.

Antes de 2025, INVIMA, el instituto nacional responsable de la regulación y aprobación de medicamentos, ya había identificado en un informe varias causas estructurales de la escasez crónica: muy pocos proveedores en el mercado, escasez de materias primas, dependencia de las importaciones, gestión inadecuada de inventarios y regulaciones de precios que desincentivan a los fabricantes. El informe de INVIMA analiza explícitamente los factores estructurales que contribuyen a la escasez de medicamentos para el VIH. Las experiencias descritas anteriormente no son, por tanto, casos aislados, generalizaciones subjetivas ni rumores, sino parte de una crisis con causas estructurales profundas.

Sí. Recientemente, Red Somos⁷ realizó una encuesta en línea sobre las barreras de acceso al tratamiento y la atención para personas seropositivas en Colombia, con 238 participantes de todo el país, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Los resultados: solo el 59,24% de los encuestados están inscritos en un programa de tratamiento del VIH, mientras que al 52,5% se les ha negado el acceso a la medicación.

Además, al 25,6% de los encuestados se les negó el acceso a servicios de atención especializada, y el 14,7% han emprendido acciones legales en algún momento para hacer valer su derecho de acceso al tratamiento.

Estas cifras son alarmantes y ponen de manifiesto la necesidad urgente de actuar: cualquier persona que viva con VIH en Colombia enfrenta actualmente un alto riesgo de no recibir la atención médica adecuada.

Pareciera que sí, o al menos así lo viven quienes antes no tenían dificultades para acceder a su medicación y ahora sí las enfrentan. Sin embargo, muchas de las causas se remontan a años anteriores a la presidencia actual y son consecuencia de un sistema de salud construido en torno a empresas orientadas al lucro. Cambiar esto genera fricción y conflicto, lo que afecta especialmente a las personas que viven con VIH y que ellas sienten de forma particularmente aguda.

Hay que reconocer, a su favor, que la presidencia actual está abordando activamente el problema e intentando mejorar la situación.

Cuando comenzamos a investigar sobre la crisis de medicamentos para el VIH, creíamos que se debía en gran medida a las decisiones políticas del gobierno de Donald Trump a principios de 2025 de recortar la financiación al programa PEPFAR, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA⁸. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que el problema es mucho mayor e implica una crisis histórica en el sistema de salud colombiano que se ha ido agravando durante varias décadas.

Los recortes afectan principalmente a la financiación institucional –como alquileres y salarios de trabajadorxs sociales–, a la financiación de la prevención –como entrega de condones–, y a la financiación de medicamentos para el VIH destinados a personas sin seguro médico, en su mayoría refugiadxs de Venezuela. Estos recortes ya son visibles: el gobierno colombiano ha decidido no admitir nuevos participantes en estos programas. Esta congelación de admisiones se aplica a todxs lxs refugiadxs que llegaron al país después de finales de enero de 2025. No tienen acceso a medicamentos para el VIH.

Además, como ocurre en todo el mundo, la extrema derecha en Colombia está ganando impulso gracias al ascenso de Trump, y somos conscientes de que seremos de los primeros en sufrir el impacto de sus políticas. Pero lucharemos.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) y, con ello, reestructuró la prestación de servicios de salud en el país mediante un modelo mixto en el que el Estado colombiano administra los recursos a través del fondo estatal ADRES –Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud–, mientras que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), de naturaleza predominantemente privada, son responsables de la gestión del riesgo y la prestación de servicios de salud con los recursos garantizados por el Estado. Más de treinta años después de la entrada en vigencia de esta legislación, el sistema de salud en Colombia está sumido en una crisis profunda y multifactorial: recursos insuficientes, corrupción y apropiación indebida de fondos públicos, deudas millonarias de las EPS con las IPS y los consecuentes cierres de servicios de urgencias y de dispensación de medicamentos, entre otros problemas, han hecho que miles de personas no puedan acceder efectivamente a su derecho a una atención integral en salud, incluyendo a las personas que viven con VIH.

Para que quede claro: el gobierno de Petro no puede ser considerado el responsable de estos problemas estructurales. Al mismo tiempo, esperamos que el gobierno –y en particular el Ministerio de Salud– nos comunique de forma mucho más efectiva cómo se va a abordar el problema descrito, tanto de manera estructural como en el corto plazo. Los conflictos en torno a las EPS no pueden resolverse a expensas de los más débiles y vulnerables. ¿Quién sabe mejor que las personas seropositivas que las reformas del sistema de salud son urgentes e imprescindibles?

Una vez celebradas las elecciones en mayo de 2026, el nuevo gabinete presidencial deberá afrontar el reto de la reforma al sistema de salud, para que las personas reciban una atención más digna en términos de salud general, acceso al tratamiento y dispensación de medicamentos.

Concretamente, el nuevo presidente debe garantizar un acceso efectivo y oportuno a los servicios para todas las personas más allá de la cobertura formal, así como abordar la crisis financiera y asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, ya sea reemplazando el modelo EPS/IPS por otro, o continuando con este sistema con nuevas decisiones financieras que ayuden a resolver las enormes deudas que las EPS tienen con las IPS, clínicas, hospitales y farmacias. Por otro lado, es imperativo reducir las disparidades entre zonas urbanas y rurales y actualizar el modelo de estratificación socioeconómica basándose en una modificación del enfoque del gasto social. El presidente actual, Gustavo Petro, ya ha venido trabajando en este asunto a través de su plan nacional de desarrollo 2022–2026, especialmente después de haberse demostrado que el lugar donde vive una persona no determina necesariamente su ingreso real.

Estas medidas administrativas podrían garantizar un acceso genuino y efectivo al pleno goce del derecho a la salud –en lugar de limitarse a garantizarlo como un servicio–, y, en última instancia, restaurar la confianza pública en el sistema de salud colombiano, confianza que ha sido erosionada por décadas de fallas estructurales y malversaciones históricas del presupuesto nacional por parte de las EPS.

El conflicto con las EPS no solo afecta el acceso a la atención en salud, socava toda la respuesta al VIH en el país. Colombia no tiene un programa nacional real de VIH. Todo sigue una lógica de mercado que nunca fue diseñada para servir a la salud pública ni a las comunidades afectadas.

La prevención y el acceso a la PrEP son descuidados por diseño, ya que el modelo de las EPS prioriza la facturación de tratamientos por encima de mantener a las personas sanas. Las organizaciones comunitarias que realizan trabajo real en torno al VIH/SIDA están estructuralmente excluidas de la financiación de las EPS, sin alternativas ni recursos. Y sin embargo, las EPS tienen un enorme poder sobre decisiones que nos afectan directamente, mientras nuestras comunidades no tienen un lugar real en la mesa. Ese es el problema central.

Si no tienes seguro médico regular, puedes registrarte en el Sisbén y solicitar la afiliación al régimen subsidiado con una EPS para acceder al TARV. Mientras tanto, intenta contactar con una organización que ofrezca apoyo en el acceso al tratamiento del VIH para personas seropositivas sin seguro médico. Algunas direcciones y contactos están listados al final del artículo.

Para quienes están en pareja o conviven con alguien y aún no están incluidxs como beneficiarixs en la afiliación a EPS de su pareja, vale la pena considerar esta opción. Podría darles acceso relativamente sencillo a atención médica, incluido el TARV. Merece la pena pensarlo y averiguar exactamente cómo funciona.

En general: en Colombia, toda persona –independientemente de su situación de seguro o nacionalidad– tiene derecho legal a atención de urgencias. En el caso del VIH, se considera que existe una emergencia médica en cuanto se interrumpe el suministro de medicamentos. Así que si no hay otra opción, ve a urgencias para que puedan ayudarte.

Es imposible hablar de personas sin acceso a medicamentos vitales para su supervivencia sin abordar brevemente qué pueden hacer quienes ya no tienen ese acceso. Estamos contigo. Lo que te está pasando no está bien, y nunca lo estará. Pero no estás solx.

Sí. 

Desde una perspectiva comunitaria, es simplemente nuestra propia decisión cómo nos protegemos del VIH, y a nivel individual, la PrEP funciona muy bien para ello.

Desde una perspectiva de salud pública, la PrEP previene eficazmente muchas infecciones, pero el acceso regulado por las EPS crea barreras elevadas y complicaciones innecesarias. Se necesitan cambios fundamentales para establecer un programa nacional de prevención del VIH con acceso fuera de la cobertura del seguro. El potencial está lejos de haberse realizado.

En la actual crisis médica del VIH, la PrEP también ofrece una protección fiable en situaciones en las que sus usuarixs pueden encontrarse con personas seropositivas que probablemente ya no tienen carga viral indetectable. La PrEP es una salvaguarda real ahora mismo.

Para las elecciones: quienes usan PrEP y quienes quieren empezar pueden comprobar qué candidatos/as respetan los derechos LGBTIQA+. Vemos la PrEP – junto con el derecho de adopción para parejas del mismo sexo, los derechos trans* y el acceso a medicamentos para el VIH – como un derecho fundamental de las minorías sexuales.

Iván Cepeda (Pacto Histórico) quiere continuar la reforma de Petro, alejándose del modelo de las EPS hacia un sistema más dirigido por el Estado. El gobierno actual ha dado pasos concretos en materia de VIH, incluida la adquisición centralizada de TARV como el dolutegravir, pero la implementación está estancada. Cepeda es progresista en cuestiones LGBTIQA+.

Paloma Valencia (Centro Democrático) no quiere abolir el sistema EPS, sino estabilizarlo mediante un modelo híbrido público-privado. Su candidato abiertamente gay, Oviedo, se posiciona explícitamente como defensor de los derechos LGBTIQA+. Sin embargo, la propia Valencia ha enviado señales muy conservadoras al distanciarse en los temas de adopción y derechos trans*, mientras el resto de su partido sigue siendo hostil a la comunidad LGBTIQA+.

Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso) adopta una posición técnica intermedia: fortalecer la atención primaria, asegurar los flujos de financiación y preservar un papel para el mercado. Sin embargo, difícilmente han habido declaraciones explícitas de su parte sobre el VIH o las enfermedades crónicas.

Abelardo de la Espriella, en la extrema derecha, ni siquiera menciona el VIH en su plan de emergencia, y ha ridiculizado públicamente la homosexualidad de un rival. Claramente no es una opción recomendable para las personas seropositivas y LGBTIQA+.

Queremos subrayar en este punto que somos políticamente independientes y tenemos la intención de seguir siéndolo. Nuestra postura es autónoma y no debe quedar subsumida en ningún movimiento político o partido. Esto nos permitirá seguir expresando nuestras críticas en el futuro. Al mismo tiempo, seguimos abiertos al diálogo y a la colaboración.

La crisis de las EPS es estructural y financiera. Cepeda buscaría implementar reformas sistémicas de gran alcance, lo que también conlleva un riesgo: mayor incertidumbre durante la transición, porque la intención es sacar dinero –es decir, posibles ganancias– del sistema de las EPS. Valencia y Fajardo adoptarían un enfoque más pragmático ante la actual crisis de deuda, pero no cambiarían un sistema que claramente no funciona –como hemos visto–. No hay ningún indicio de que la situación de las personas seropositivas aseguradas vaya a mejorar rápidamente con estas opciones.

El panorama político trazado por los discursos y propuestas de lxs candidatxs a la presidencia colombiana está marcado por una llamativa contradicción ideológica, comprensible en función de su adscripción a movimientos progresistas de izquierda, de centro y conservadores de derecha.

Iván Cepeda (izquierda progresista) aborda en su programa de gobierno los derechos de las personas LGBTIQA+ en el marco de su pleno reconocimiento como derechos humanos. Propone la continuación y el fortalecimiento de políticas públicas de inclusión, equidad y lucha contra todas las formas de discriminación, enmarcadas en una perspectiva diferencial e interseccional sobre la diversidad étnica, sexual y de género.

Paloma Valencia (derecha) eligió a Juan Daniel Oviedo como candidato: un hombre abiertamente gay que ha buscado posicionarse como representante de la comunidad LGBTIQA+ del país. Sin embargo, en diversas apariciones públicas, Valencia ha hecho declaraciones cuestionables oponiéndose a garantizar el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar, y ha criticado duramente el derecho de las personas trans* a afirmar su identidad de género. Con ello, trae de nuevo al debate público el fantasma de la “ideología de género”, una falacia que la derecha conservadora utiliza en todo el mundo para deslegitimar las justas demandas de autodeterminación de las personas trans* fuera del régimen cis-heteronormativo. Sobre Abelardo De La Espriella no tenemos nada más que decir: ya ha demostrado su abierto desprecio por las personas LGBTIQA+ con comentarios homofóbicos dirigidos a Oviedo. ¿Qué podemos esperar para las personas trans* en este escenario?

En cuanto a lxs candidatxs centristas Claudia López y Sergio Fajardo, sus propuestas no tienen nada de nuevo ni de revolucionario: abogan por la protección de derechos ya conquistados –como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la no discriminación–, pero no dicen nada sobre cómo ampliar otros derechos, como el respeto a la identidad de género de las personas trans*. Cabe añadir que durante su último mandato como senadora, Claudia López se posicionó retóricamente como defensora de las causas LGBTIQA+, pero brilló por su ausencia a la hora de apoyar el proyecto de la Ley Integral Trans, que aún requiere dos debates más en el Congreso para ser aprobada.

Primero: nosotrxs, como personas seropositivas, somos ciudadanxs, tenemos necesidades y derechos, y somos muchxs. Somos un grupo relevante de posibles votantes.

Desde una perspectiva más amplia, podría decirse: una sociedad puede ser juzgada por cómo cuida a sus ciudadanxs seropositivxs, que a menudo son también personas queer y trans*, personas que consumen drogas, trabajadoras sexuales, mujeres y personas de grupos minorizados que siguen siendo estigmatizadas moralmente.

Cuando la discriminación se cruza con otras formas de exclusión –por ejemplo, porque una persona es racializada, o ni siquiera tiene la ciudadanía colombiana–, se revela cómo una sociedad defiende los intereses de las personas oprimidas. Estas cuestiones están interconectadas. Mantengámonos unidxs y apoyémonos mutuamente.

Nosotrxs, votantes seropositivxs, exigimos conjuntamente al próximo gobierno colombiano que resuelva los problemas mencionados de forma rápida y en beneficio del interés público.